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Argentina y España: historia de las crisis

Imprescindible charla de Juan Ramón Rallo en la sede del Partido Liberal Libertario en Buenos Aires. Amena, didáctica y muy interesante.  Si quieres entender por qué España está como está, no te la pierdas:

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Por qué la universidad debería ser totalmente privada

Por Juan Ramón Rallo

La práctica totalidad de la población coincide en que la enseñanza es uno de los pilares del Estado de Bienestar. Hablar de una privatización de la educación que vaya más allá del cheque escolar parece ser un tema tabú, incluso para los liberales. Sin embargo, la teoría económica permite comprender por qué no sólo es recomendable sino imprescindible para el desarrollo que la enseñanza, especialmente la superior/universitaria, sea completamente privada.

Lo esencial es tener claro qué debe ser y qué no debe ser la enseñanza universitaria. Por resumirlo, la universidad debe convertirse en una empresa cuyo propósito sea el de fabricar o proveer un bien de capital harto concreto y específico: el llamado capital humano muy especializado. La universidad no debe ser un foro público para adquirir una formación general un tanto más profunda que la proporcionada por la enseñanza secundaria y que nos convierta en buenos ciudadanos. O, al menos, no debe ser eso si luego pretendemos que esos años de carrera lectiva nos sirvan para lograr un sobresueldo en el mercado laboral.

Por consiguiente, la universidad produce capital humano, esto es, inocula a sus clientes/estudiantes una serie de conocimientos teórico-prácticos que, con posterioridad, deberían permitirles producir en el mercado una mayor cantidad de bienes y servicios que otros agentes sin esa formación: el capital humano debe servir para incrementar la productividad de los trabajadores y, por tanto, lograr sueldos más elevados.

El capital humano, pues, es un bien de capital más, con todo lo que ello entraña: su valor depende de su capacidad para generar bienes económicos valiosos dentro de un plan empresarial en el que deberá coordinarse y complementarse con otros bienes de capital. Los sobresueldos (o los beneficios extraordinarios, si el estudiante se vuelve autónomo) son precisamente la remuneración de ese bien de capital, como los dividendos lo son de las acciones o los intereses de la renta fija. Y el sobresueldo podrá pagarse si un trabajador que dispone de un cierto capital humano es más productivo dentro de un determinado plan empresarial que otro trabajador que carece de ese capital humano.

La tarea de las universidades no es nada sencilla. En cierto modo, cabe reputarlos como centros productivos de una enorme complejidad: su materia prima es un conocimiento tremendamente especializado –pensemos en la cantidad de licenciaturas y de maestrías que existen dentro de éstas– que año a año queda desfasado por el avance de la ciencia, por el eventual cambio de gustos de los consumidores y por las nuevas metodologías docentes. Sus clientes, los estudiantes, tienen que recibir una formación puntera (pues, en caso contrario, saldrán al mercado laboral y serán desplazados por otros trabajadores mejor adiestrados), que esté adaptada a las necesidades del consumidor (pues, en caso contrario, no habrá empresarios que quieran incorporarlos a sus planes de negocio abonándoles un sobresueldo) y que les sea lo más inteligible posible (pues, si no, todos los esfuerzos docentes serán en vano).

No se trata sólo, por tanto, de formar a los mejores arquitectos –o ingenieros, o economistas o juristas– posibles desde un punto de vista técnico, sino también a aquellos que sepan diseñar las construcciones que vayan más en consonancia con los gustos de los consumidores (o quizá, si hay exceso de construcciones y arquitectos, lo acertado sea no formar a ningún arquitecto). Los conocimientos que adquieren, en definitiva, no han de ser útiles para la formación personal y humana del alumno o para el avance en abstracto de la ciencia –para lo cual puede haber otros centros adscritos a la universidad que realimenten la labor de la docencia–, sino para el consumidor, que al final es quien le pagará el sobresueldo al estudiante.

Así las cosas, un capital humano que no cumpla con estos tres requisitos –excelencia técnica y adaptación a las necesidades del consumidor que permita lograr un sobresueldo en el mercado– puede considerarse una mala inversión, equiparable a la de un promotor inmobiliario que en el auge de una burbuja del ladrillo siguiera construyendo más y más viviendas que luego no ha podido colocar a buen precio.

La cuestión es si la universidad pública puede proveer un capital humano que no sea en general un cúmulo de malas inversiones o si, por el contrario, el buen capital humano sólo podrá gestarse en centros universitarios privados sometidos a la competencia del mercado y a la ausencia de regulación del sector público.

Existen razones que afectan tanto a la oferta –a la manera que tienen las universidades de funcionar y enseñar– como a la demanda –a la cantidad y calidad de estudios que desean contratar los estudiantes– para concluir que, como en cualquier otro centro productivo especializado, es imprescindible que la universidad esté sometida por entero a la competencia propia del libre mercado.

Entre las de oferta, la universidad debe ser suficientemente flexible como para adaptar su conocimiento técnico y sus métodos docentes a las muy cambiantes necesidades del mercado (de las empresas y de los consumidores). El profesorado –y la organización de éste dentro de la universidad– ha de estar sometida a una reelaboración continuo; una flexibilidad que sólo puede lograrse no a golpe de planificación central y de planes quinquenales, sino merced a la presión competitiva de otras universidades más eficientes que pueden terminar desplazando a las menos eficientes. Es necesario que los modelos educativos que queden desfasados puedan desaparecer y no se eternicen gracias a la teta del presupuesto público; para lo cual resulta a su vez necesario que los empresas y la administración puedan discriminar entre los títulos de distintas universidades según su calidad: una licenciatura en una universidad puntera no puede ser equiparable a una licenciatura de una universidad deficiente.

Asimismo, la competencia entre universidades no sólo afectaría a la calidad de sus servicios, sino también a su coste. Internet, los Ebooks y demás nuevas tecnologías ofrecen un sinfín de posibilidades para desarrollar nuevos modelos educativos que vayan más allá de la universidad tradicional. La participación de un centro de enseñanza superior en la formación del capital humano puede ser muy variable: desde la tutela directa y presencial de un equipo docente durante 20 horas semanales a lo largo de cinco años a la provisión del material docente y posterior certificación de que un determinado alumno a adquirido por su cuenta los conocimientos reconocidos en su título, pasando por la enseñanza online presencial o no presencial. Cada universidad podría configurar su propia oferta de servicios académicos, cuyo precio sería creciente con su coste (con el grado de implicación en la formación) y permitiría a una variedad muy amplia de alumnos, con niveles de renta muy diversos, acceder a un mismo título. A día de hoy ya existen numerosos centros que cobran sólo por examinar y certificar la adquisición de unos determinados conocimientos, sin perjuicio de que, abonando un sobreprecio, los estudiantes puedan comprar directamente los materiales o asistir a clases presenciales.

Igualmente, tampoco tiene demasiado sentido que la carrera universitaria sólo pueda ser un corpus inseparable de conocimientos que proporcionen una visión presuntamente completa al alumno sobre una materia a lo largo de cuatro o cinco años. Lo lógico sería que cada universidad pudiese ofrecer ‘packs’ de duración y precio mucho más reducido y con un contenido mucho más específico; el objetivo es formar especialistas que sepan desarrollar servicios extraordinarios en una materia. El mejor contable del mundo no tiene por qué tener un conocimiento demasiado profundo sobre macroeconomía, por lo que ambas materias no tienen por qué estudiarse a la vez: la posibilidad de estudiar por módulos que puedan adquirir los alumnos, sin perjuicio de la obtención de un título que acredite exactamente los conocimientos adquiridos, proporciona una flexibilidad enorme a la hora de formar el capital humano y a la hora de reorganizar internamente las materias impartidas y los métodos empleados. Más que observar los estudios universitarios como una variable discreta (0 ó 1: o se tiene un título, aunque falte una asignatura, o no se tiene), habría que entenderla como una variable continua (se poseen distintos grados de conocimiento reflejados en un currículum dinámico).

Por lo que respecta a la demanda, nunca olvidemos que la enseñanza universitaria es una inversión en un activo llamado capital humano y cuya rentabilidad es el sobresueldo que cosecha el trabajador. Si reputaríamos absurdo que el Estado nos concediera a todos (o, más bien, a unos cuantos adolescentes) un cheque de, por ejemplo, 20.000 euros para que todos pudiésemos poseer una cartera de acciones bursátiles (¡y no sólo los ricos ahorradores!), deberíamos considerar igualmente absurdo que el Estado subvencionara la demanda de lo que es, repito, una inversión en un activo muy específico y especializado como es el capital humano.

¿Y por qué es absurdo? Para empezar, porque los costes se socializan (todos los contribuyentes sostienen la universidad pública) pero los beneficios se privatizan (los sobresueldos percibidos por cada trabajador). Se puede pensar que un sistema fiscal progresivo contrarresta este hecho (paga más quien más gana), pero no olvidemos que no todos quienes obtienen un sobresueldo tienen que obtenerlo por gozar de estudios universitarios… ni todos los que gocen de estudios universitarios tienen por qué obtener un sobresueldo ni tampoco obtenerlo en virtud de ese título. Por tanto, el sistema fiscal progresivo es una manera muy torpe e injusta de contrarrestar la socialización de los costes y la privatización las ganancias.

Pero el problema de fondo es otro: la lógica y la conveniencia de toda inversión depende de que la rentabilidad de la misma sea positiva y superior a la de otros activos de riesgo similar. Es decir, se trata no sólo de ganar dinero, sino de ganar al menos el mismo que podríamos obtener en otras inversiones. Si subvencionamos total o parcialmente el coste de la universidad, lo lógico es que la demanda de estudios universitarios se dispare muy por encima de lo que es realmente rentable y conveniente. Por ejemplo, si el coste de estudiar cinco años en la universidad es de 40.000 euros pero el Estado la ofrece gratuitamente, un estudiante decidirá invertir en capital humano aun cuando los sobresueldos que consiga a lo largo de su vida laboral no superen los 30.000 euros. Es decir, la inversión será ruinosa (el coste de obtener el capital humano será mayor que la utilidad que proporciona) pero el incentivo será a acometerla.

Obviamente, si el coste privado de ir a la universidad es cero, lo que cabe esperar es, primero, que su demanda se masifique aun cuando los sobresueldos logrados sean nulos; y, segundo, si existen otros beneficios no monetarios de acudir a la universidad (por ejemplo, cinco años sabáticos en los que no se estudia demasiado y se disfruta de una juventud dorada), los alumnos tenderán a desatender por completo qué disciplinas deben dominar para percibir los sobresueldos que presuntamente justifican la enseñanza universitaria (elección casi aleatoria o por interés personal de la materia). En definitiva, si el Estado subvenciona el coste de la universidad, su demanda será siempre excesiva y generalmente despreocupada por la calidad de la oferta.

La titulitis es una enfermedad propia de sociedades donde la universidad carece de precio, donde los alumnos no están en absoluto interesados en comparar los costes y los beneficios de la inversión en capital humano y donde los centros encargados de expedir el título no se juegan su supervivencia en su calidad diferencial. Una sociedad no necesita universitarios en general, sino personas especializadas en muy diversas áreas; cuando lo que proporciona es una imprenta de licenciaturas y de jóvenes incolocables –que además deben recurrir a posgrados privados para especializarse mínimamente–, es que su sistema universitario es completamente fallido.

Por último, que el precio de la enseñanza superior refleje todo su coste no significa ni mucho menos que las diferencias sociales vayan a ahondarse. Primero, porque un rico que sea tonto no obtendrá durante mucho tiempo un sobresueldo gracias a un título de calidad comprado a tocateja (otra cosa son los contactos familiares, pero eso es independiente de la titulación); y si eso es así, la compra de licenciaturas por parte de los ricos tenderá más bien a descapitalizarlos (habría sido mejor que metieran el dinero en una acción que proporciona una renta del 7% anual que en un título que renta un 0% al año).

Y segundo, porque los pobres inteligentes no sólo pueden ser becados por las universidades privadas (cosa que ya sucede en la actualidad), pues el prestigio de éstas procede de tener alumnos excelentes y bien colocados en el establishment, sino porque la versatilidad de una industria universitaria privada y desregulada permitiría una variedad de precios tan grande que daría paso a una formación realmente continua. En ninguna parte está escrito que una persona debe adquirir todo su capital humano de los 18 a los 23 años. Perfectamente puede estudiarse un módulo de finanzas, percibir un sobresueldo durante cuatro años, ahorrar parte del mismo y costearse el estudio de otro módulo, etc. Lo único que de facto cambiaría es que la gente analizaría mucho más cada paso que da: a saber, si conviene (si es rentable) ampliar un poco más su formación en cada una de las etapas de su vida. De hecho, así habrán de hacerse las cosas: el capital humano debería estar en continuo reciclaje (no quedarse estancado en los conocimientos adquiridos durante la adolescencia) y orientarse siempre a la creación de un mayor valor para el consumidor que aquel que ha costado formarlo.

La enseñanza pública no garantiza una democratización del capital humano; más bien asegura su generalizada malinversión.

Fuente:  Libre Mercado

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El colapso del intervencionismo cerril

Por Juan Ramón Rallo

Por supuesto a nuestros políticos les sale muy a cuenta endilgarles la responsabilidad de su muy defectuosa gestión a entes externos: “los mercados”, “los especuladores”, “la desregulación”, “la avaricia”, “la codicia”, “el Tea Party” y ahora, también, las agencias de calificación que, como Standard and Poor’s (S&P), no arriman el hombro. Nunca, claro, a su propia incompetencia, a su incontenible apetito por el gasto, a su sola receta de subir impuestos y monetizar los déficits, a su renuencia a liberalizar los mercados. Carlos Rodríguez Braun lo ha resumido muy acertadamente en una de sus máximas más populares: “El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio”.

Retrospectivamente nos intentarán hacer creer que la marcha de la economía se torció cuando S&P osó rebajar el rating de EEUU o incluso cuando los republicanos más ultraderechistas pusieron en jaque el acuerdo para elevar el techo de deuda. También nos vendieron la moto de que la crisis de 2008 se debió a la torpe decisión de dejar quebrar a Lehman Brothers, cuando en marzo de ese año había caído Bear Stearns (el quinto banco de inversión del país) y una semana antes los dos gigantes hipotecarios semipúblicos de Fannie Mae y Freddie Mac. Vamos, que la economía iba viento en popa a toda vela. Pero no nos dejemos engañar: durante la semana pasada, habiéndose suscrito la elevación del techo de deuda, la bolsa estadounidense ya se desinfló un 8% debido a las crecientes señales de la debilidad económica del país (mínimos de actividad fabril y del volumen de negocios de los servicios y revisión a la baja del crecimiento del PIB) y a la incertidumbre procedente por el cada vez más probable estallido de la Eurozona.

El desastre de este lunes, uno de los peores días del mercado de valores en su historia, no se debe a la degradación de S&P, ¿cómo iba a hacerlo? Los efectos de rebajar el rating sobre la deuda soberana, de momento, han sido beneficiosos para las finanzas del Tesoro: el bono a 10 años de EEUU, lejos de encarecerse, se abarató un 5% (como algunos, por cierto, ya habíamos pronosticado al decir que la deuda de EEUU sigue siendo, de momento y pese a todo, el activo más seguro del mundo y que todo pánico de mercado tendería a traducirse en compras generalizadas de la misma).

Al contrario, los problemas son otros: la monetización masiva de bonos españoles e italianos por parte del BCE no resuelve a medio plazo los problemas de solvencia de Eurozona, los sucesivos Quantitative Easings de Bernanke han sido del todo inútiles para propiciar un crecimiento sostenible de EEUU, y Obama, lejos de estar dispuesto atajar los auténticos problemas de fondo de su economía (los desproporcionados gastos sociales que se incrementarán exponencialmente en el futuro) está jugueteando con agresivas subidas de impuestos que sólo descapitalizarán más a los ahorradores y a las empresas privadas.

Después del fracaso de todo tipo de intervencionismo, los inversores han perdido toda confianza en que nuestros políticos vayan a tomar alguna medida acertada que no se base en el más pauperizador de los populismos cortoplacistas. Para muchos, no obstante, el dirigismo estatista con el que nos han estado aplastando estos tres últimos años se ha quedado corto. Es lo que tienen los fanatismos y las fes ciegas: si el cien milmillonario plan de estímulo de Obama no ha funcionado, es porque no se duplicó su cuantía (Krugman dixit); si las billonarias monetizaciones de deuda de Bernanke no han surtido efectos, es porque no continúa indefinidamente con ellas (Scott Sumner dixit). Se llama disonancia cognitiva y es un trastorno psíquico perfectamente recogido por la Psicología.

Veremos cuál es la próxima barbaridad con la que buscan robarnos la cartera. Pero desde luego, así no se restituye ninguna confianza en el sistema de mercado y en la creación de un marco jurídico estable en el que apetezca invertir y generar riqueza a largo plazo. Sobre todo porque si personas como Obama o Zapatero están gobernando es porque millones de personas los auparon al poder y aun hoy continúan sin darse cuenta de sus muy profundos errores.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, jefe de opinión de Libertad Digital y profesor en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro es Crónicas de la Gran Recesión (2007-2009).
Fuente:  Libre Mercado

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Pero, ¿habría suficiente oro?

Por Juan Ramón Rallo

Los detractores del patrón oro creen ir cargados de razones. Son numerosos los motivos por los que se oponen a semejante bárbara reliquia, aunque ninguno tan potente como la sensación de modernidad y cientificidad que les embarga al creer superado el medio de pago y el depósito de valor que Occidente utilizó durante milenios.


A renglón seguido, eso sí, una de las críticas más populares es que no hay suficiente oro en el planeta para acompasar el crecimiento mundial: la cantidad de dinero, se nos dice, debe crecer al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios; eso pudo lograrse con dificultades en el s. XIX, pero sería inviable en el s. XXI.

El argumento suena verosímil, pero si lo analizamos un poco veremos que tiene poca consistencia. Es decir, la cuestión es la siguiente: ¿qué pasaría en un mundo que siguiera creciendo pero donde la cantidad de medios de pago fuese absolutamente rígida? Por claridad expositiva, podemos dividir los efectos en dos tipos: por un lado, los que atañen a los precios y la producción (aspecto real); por otro, los referidos a los tipos de interés, las deudas y la financiación empresarial (aspecto financiero).

En cuanto a los precios, asistiríamos sin duda a una deflación secular. Conforme más produjéramos, más se abaratarían los productos en relación a la onza de oro (o a la de cualquier otro patrón monetario que fuese fijo). Mas, ¿es esto algo negativo? No necesariamente. Mucha gente teme que si los precios caen, los empresarios quebrarán y entraremos en una depresión económica en la que la producción de bienes y servicios se reducirá. Pero lo cierto es que la rentabilidad de los empresarios no depende exclusivamente de los precios de venta de sus mercancías, sino de sus precios y de sus costes (del margen de beneficios).

Si precios y costes se reducen, la producción podrá seguir su curso con normalidad. Es sencillo de comprender: si ahora mismo se dividieran todos los precios de la economía entre diez (incluyendo los de activos y pasivos), prácticamente nada cambiaría. Seguirían siendo rentables las mismas líneas productivas y la gente no vería modificadas sus costumbres de gasto.

Es verdad que si los precios, en lugar de reducirse de golpe, fueran cayendo progresivamente y a ritmos desiguales, el comportamiento de consumidores y empresarios podría tener efectos reales. Los consumidores retrasarían su consumo y los empresarios podrían encontrar que otras líneas de negocio resultan más rentables que la suya (si los precios han caído menos o los costes se han reducido más que en la suya). Pero lo mismo sucede con la inflación: los consumidores tienen incentivos a adelantar su consumo y los empresarios también pueden ver cómo sus cálculos se distorsionan (si los precios suben más o los costes se incrementan menos que en su línea productiva). Y, puestos a elegir, es preferible que los consumidores retrasen su consumo a que lo adelanten, pues la base del capitalismo y de la prosperidad es el ahorro.

En definitiva, el capitalismo con un patrón monetario rígido requeriría de unos mercados flexibles donde los precios –y los costes– pudieran ir modificándose con el transcurso del tiempo. Nada, por otro lado, que no se diera en el s. XIX y que no sea igualmente recomendable en un capitalismo con un patrón monetario más elástico; al cabo, los precios son los faros del capitalismo y nada bueno puede resultar de su manipulación.

Hay una serie de precios que, sin embargo, no es probable que fueran a modificarse ni siquiera en un mercado muy flexible. Me refiero al saldo de las deudas: si los precios caen y el saldo de los pasivos no minora, cada vez los agentes adeudan más dinero en relación con sus ingresos. El temor, en este caso, es que los individuos no tendrán ningún incentivo a endeudarse y, por tanto, no podrán hipotecarse ni para adquirir viviendas ni captar capital emitiendo bonos con el que implementar sus planes de negocios.

Esta preocupación sí es en parte comprensible, pues ciertamente una economía con una deflación persistente de precios tendería a penalizar el endeudamiento. Sin embargo, no es ni mucho menos un obstáculo insalvable para mantener altos niveles de crecimiento económico. Primero, porque al igual que hoy una parte de los tipos de interés que pagan los deudores depende de la inflación esperada (de modo que si el ahorrador desea un rentabilidad mínima del 4% y prevé que los precios suban al 1,5% anual, carga unos intereses del 5,5%), en una economía con deflación persistente los tipos de interés tenderían a incorporar la deflación esperada (de modo que si se desea una rentabilidad mínima del 4% y los precios caen al 1,5%, el tipo de interés sería del 2,5%), incluso indexando los bonos a la evolución de algún índice de precios tal como ya se hace hoy. Segundo, porque la única manera de financiar una empresa no es a través de fondos ajenos (deuda), sino también a través de fondos propios (que, entre otras remuneraciones, reparten dividendos variables en función de la caja que posee la empresa).

Una economía con deflación sería una economía donde la financiación vía fondos propios tendría un peso mucho mayor al actual y donde la deuda, si bien resultaría probablemente más barata en términos nominales, sería de bastante mayor calidad, pues los ahorradores sólo aceptarían no atesorar el dinero y prestarlo a largo plazo a cambio de riesgos que fueran muy seguros; lo cual no significa, ni mucho menos, que fuera una sociedad menos emprendedora o arriesgada, sino que el riesgo se canalizaría por su vías naturales, que no son precisamente la financiación bancaria sino las participaciones en el patrimonio neto de los fondos de venture capital o de private equity.

En conclusión, hemos visto que ni la producción ni la inversión se verían seriamente perjudicadas en un mundo donde la cantidad de medios de pago fuera absolutamente fija. Tradicionalmente se ha asociado este escenario con el patrón oro, pero sí me gustaría añadir unas líneas a este respecto. Dejando de lado que en el último siglo las existencia del metal amarillo se hayan multiplicado por siete, que el oro se convierta en el patrón monetario de una sociedad no significa ni mucho menos que sea su único medio de pago. En una economía moderna, la mayor parte de mercancías se compra vía compensación de créditos y deudas, esto es, pagando unas mercancías con otras mercancías: esa es la base del crédito circulante que proporcionan empresas y bancos a sus clientes (letras de cambio y depósitos a la vista) y que, por supuesto, jugó un papel central en el s. XIX y lo seguiría jugando en una eventual recuperación del patrón oro.

Ni siquiera hoy, en la era del dinero fiduciario, la mayor parte de las transacciones se realizan al contado: la cámara de compensación CHIPS, por ejemplo, efectúa transacciones anuales por importe de 365 billones de dólares, cuando la base monetaria del dólar (el equivalente a la cantidad de oro con la que cuenta el sistema) apenas asciende a 2,7 billones de dólares. De hecho, tampoco esta base monetaria de dólares se ha incrementado al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios: entre 1947 y 2007, la cantidad de dólares se multiplicó por 25 mientras que el PIB nominal de EEUU (no hablemos del resto de transacciones mundiales que se efectúan con dólares) lo ha hecho por 60.

El oro no impide que toda esta superestructura de crédito –que es, en el fondo, la que compra y vende mercancías en una economía que haya desarrollado un poquito su sistema de pagos– se pueda erigir; lo que favorece es que esa superestructura sea de una calidad infinitamente mayor a la del dinero fiduciario. Pero la elasticidad de los medios de pago (que no serían ni única ni mayoritariamente monedas de oro) sigue siendo enorme; en ocasiones incluso demasiado grandepara evitar la recurrencia de los ciclos económicos.

Así pues, como vemos, el patrón oro no es un buen ejemplo de patrón monetario rígido (y eso que ni siquiera hemos hablado de la posibilidad de que junto con el patrón oro convivan otros patrones monetarios, como la plata o incluso, en ciertos ámbitos reducidos, variedades de medios de pago fiduciarios, electrónicos o no) pero, aun en el caso de que lo fuera, el sistema económico podría seguir funcionando perfectamente. Las objeciones contra el patrón oro no deben buscarse en sesudos argumentos teóricos, sino en la arrogancia de los intelectuales y en los conocidos intereses del Gobierno, de la banca y de una población pródiga en exceso por abusar del endeudamiento barato.

 

Fuente: Instituto Juan de Mariana

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España en crisis: seis mentiras peligrosas

Por Juan Ramón Rallo

La presente crisis de deuda está dando aire a opiniones para todos los gustos, desde las más sensatas a las más estrafalarias.

Entre las opiniones estrafalarias encontramos no sólo las de los palmeros del Gobierno, más que dispuestos a seguir apoyando al socialismo manirroto –a ver si algún día cae alguna carterita ministerial o, cuando menos, alguna regalía–; también están ahí las de aquellos que no tienen una filiación política clara pero que, por obra y gracia de la prima de riesgo, ven peligrar su modo de vida y no dejan de repetir tonterías.

Sin entrar en demasiados detalles, no está de más que refutemos algunas majaderías y dejemos algunas cosas claras.

“Es un ataque coordinado de los mercados”

Que no… No seamos cazurros. Los mercados no atacan, se defienden de nuestra insolvencia. El pánico que estamos padeciendo está del todo justificado por el estado de nuestra economía. La banca francesa y la alemana están hasta arriba de deuda periférica: nada desean menos que una subida de los tipos de interés, cuyo único efecto sería reducir aún más el valor de mercado de sus activos.

Aquí no hay lobos con ganas de comerse a sí mismos. Lo que sucede es, simple y llanamente, que debemos una billonada no sólo a corto plazo, también a 10 o 30 años vista. ¿Alguien en su sano juicio puede asegurar que no tendremos el menor problema financiero en las próximas tres décadas? Yo, desde luego, no lo haría, y entiendo perfectamente que los inversores quieran cubrirse frente a unas pérdidas cada vez más probables. Es cierto que en algún momento puede reconducirse la situación, pero con un 20% de la mano obra viviendo del crédito extranjero recomendaría, como mínimo, la moderación del optimismo patrio.

“España no está tan mal: su deuda pública está por debajo de la media”

Sí; y su deuda privada está muy por encima… Para empezar, nuestra deuda exterior neta se sitúa en torno al 100% del PIB. Es decir, para saldar nuestros pasivos externos tendríamos que pasarnos un año sin comprar un solo bien de consumo o de capital y regalárselos –todos– a nuestros acreedores extranjeros.

Es cierto que podemos ir repagando poco a poco, año a año, nuestra deuda, pero para ello es necesario que exportemos más de lo que importamos, y no lo estamos haciendo. De momento, seguimos acumulando cada año déficits exteriores del 5% del PIB, algo así como la mitad del gasto anual en pensiones. Las cosas pueden cambiar, sí, pero a corto plazo no lo harán, pues no hemos procedido a adaptarnos a la producción de otros bienes, y eso lleva su tiempo (a menos que optemos por la alternativa sucia de salirnos del euro y devaluar para que nuestros acreedores se queden con cara de tontos). Es decir, nuestra deuda exterior seguirá subiendo y nuestro margen para repagar, cayendo.

Esas terroríficas cifras sólo se refieren a nuestros pasivos exteriores; si miramos los totales, nos vamos a más del 350% del PIB. Muchos economistas creen que los únicos relevantes son los exteriores, pues los internos “nos los debemos a nosotros mismos”. Craso error. Del mismo modo que sería catastrófico para un país que su producción interna de alimentos se interrumpiera (aun cuando no vendiera al extranjero), también lo sería que impagara selectivamente a sus acreedores internos. Los ahorros arduamente acumulados de familias y empresas se evaporarían en un instante, en un proceso de expropiación encubierta. La desestructuración económica sería de tal calibre, que nuestra producción interna –y nuestro nivel de vida– sufriría una caída en picado.

“Esto se arreglaría con una actuación conjunta europea”

No sé muy bien qué significa eso, salvo que Zapatero no quiere tomar las medidas que debe para afianzar la credibilidad del país. Se me ocurre que lo más inmediato sería crear un eurobono, que permitiera a España seguir viviendo por encima de sus posibilidades; pero no con cargo a su pobre y deteriorado crédito, sino al del contribuyente alemán. A España le vendría de lujo, claro: comprar sin pagar. Lo que no tengo tan claro es que los teutones aceptasen pagar tal fiestorro. En todo caso, espero que no lo hagan.

Si descartamos el eurobono, sólo se me ocurren tres alternativas, muy predicadas estos días: la prohibición conjunta de las ventas al descubierto, la creación de una agencia europea de rating y la monetización de la deuda periférica por parte del BCE.

– “Esto se arreglaría prohibiendo las ventas al descubierto”

Las ventas al descubierto no tienen prácticamente nada que ver con lo que estamos viviendo. Es cierto que quienes venden unos títulos de deuda que no poseen están contribuyendo a reducir el precio de los mismos, pero si los fundamentos de la economía fueran buenos… esos títulos encontrarían rápidamente compradores. El hecho de que nadie los esté comprando en suficiente cantidad como para estabilizar los tipos de interés sólo indica que la perspectiva negativa tiene mucho más peso que la positiva. Por tanto, los inversores bajistas sólo están contribuyendo a acelerar que los precios se coloquen allí donde la percepción mayoritaria de los prestamistas considera que deberían estar.

En Italia se han prohibido las ventas al descubierto sobre las acciones de los bancos locales, pero eso no ha impedido que sus cotizaciones hayan caído más de un 10%.

– “Esto se arreglaría creando una agencia pública de rating

Las agencias de rating ya muestran una enorme complicidad con los Estados. No por casualidad son éstos quienes, al convertirlas en un oligopolio privado, les proporcionaron las fuentes de su negocio. Dicho de otra manera: si por algo se caracterizan estas agencias de calificación es por tender a inflar el rating de las deudas soberanas (en el caso de España, la pérfida Moody’s lleva tiempo dándonos un trato de favor en contra de las percepciones del mercado). Entiendo que muchas personas puedan creer que las notas que emiten están manipuladas o equivocadas, pero nadie les obliga a hacerles caso. Si quieren comprar deuda recién degradada y que por tanto cotice a un precio ventajoso, pueden hacerlo sin restricciones. Los bancos y demás instituciones financieras, en cambio, están obligados por regulaciones como Basilea II a poseer un patrimonio neto acorde con el riesgo de sus activos, y el riesgo de esos activos se equipara con la calificación otorgada por las agencias de rating.

La solución sería bastante sencilla: abrir a la competencia el mercado de las agencias de calificación y que el Estado deje de regular a las instituciones financieras. Así, estas agencias se convertirían en meras y prescindibles consultorías o casas de análisis. Pero no, el socialismo no puede aflojar las hiperregulaciones que padecemos, de modo que ha de dar una vuelta de tuerca a las intervenciones: si no nos gustan las notas que nos dan, creemos nuestra propia agencia de calificación para engañarnos a nosotros mismos. El mal estudiante poniéndose la nota del examen; ver para creer.

En cualquier caso, si creáramos una agencia de calificación pública, su credibilidad sería tan baja –en tanto en cuanto su pecado original sería el nacer única y exclusivamente para inflar las notas según la conveniencia de los políticos–, que nadie le haría el más mínimo caso. Ya sabemos cómo se las gastan los políticos en momentos de tribulación: no paran de mentir. El Principio Juncker en toda su esencia: “Cuando las cosas se ponen serias, tienes que mentir”. Pues, ea, agencia de rating pública al canto.

Los únicos beneficiados, por cierto, serían los bancos, cuyos activos siempre tendrían, especialmente en momentos de dificultades, una nota de Triple A. Tanto tiempo diciendo que tenemos que obligarles a estar adecuadamente capitalizados para luego permitirles que se engañen y que nos engañen.

– “Esto se arreglaría si el Banco Central Europeo comprara toda la deuda de los periféricos”

La última ocurrencia es la que este martes puso en práctica Trichet: comprar/monetizar deuda periférica. La operación tiene numerosos riesgos y escasas virtudes. Empecemos por las (pocas) virtudes: los Piigs reciben respiración asistida, la presión sobre sus tipos de interés se relaja y pueden seguir vendiendo deuda a través de la dilución del valor del euro. Ahora bien, ¿para qué les regalamos el tiempo? No parece que para que terminen de ejecutar sus planes de ajuste, sino más bien para todo lo contrario: para que los gobiernos puedan seguir acumulando déficits hasta el próximo estallido de los tipos de interés. Es decir, su principal virtud, a la luz de la actitud de nuestros políticos, es también uno de sus principales defectos.

Pero tal vez no el principal. El BCE está prestando a tipos de interés artificialmente bajos a unos países que no encuentran financiación en el mercado salvo a tasas disparatadas. Es decir, el BCE, que debería ser la institución más líquida del sistema financiero, se está llenando de basura. Luego pasa lo que pasa: por ejemplo, que tiene 70.000 millones de deuda griega y que se tendrá que comer una quita de entre el 30% y el 50%, lo que puede que le aboque a una previsible quiebra.

Esto de monetizar deuda no es más que una huida hacia delante; una huida que, sin embargo, y en contra de lo que se dice, no supone doblegar a los especuladores, sino todo lo contrario. Es cierto que quienes hayan vendido al descubierto pueden verse forzados a cubrir sus posiciones con pérdidas. Pero también es verdad que quienes se han negado a comprar deuda soberana a la espera de que sus tipos de interés aumentaran –y por tanto han sido cooperadores necesarios de los vendedores al descubierto– han recibido un inmerecido premio. Al cabo, cuando el BCE ha monetizado deuda, los tipos de interés han vuelto a caer, de modo que los especuladores que han esperado a comprar la deuda en su punto más alto habrán obtenido una importante tajada. Así es normal que pase lo que pase: si sabemos que las subidas de tipos están capadas por arriba, sólo es necesario dejar que los tipos se disparen… a la espera de que el BCE empiece a monetizarlo todo.

Conclusión

Dejémonos de zarandajas. El problema de fondo no es que nos odien los pérfidos alemanes o los malvados franceses, sino que debemos muchísimo dinero y que tenemos una tasa de paro del 20%. Sí, del 20%. Un quinto de nuestra población laboral vive del crédito extranjero. ¿Qué perspectiva hay de que esto cambie? De momento, ninguna, y si añadimos a la ecuación que Grecia va a quebrar (y por tanto a descapitalizar a nuestros prestamistas), que Portugal e Irlanda podrían seguir el mismo camino, que no se conoce el volumen real de nuestra deuda pública y que Italia también se tambalea, ¿a alguien le extraña que estemos como estamos?

No echemos más balones fuera y asumamos nuestras culpas: el país no puede seguir así. Si la izquierda prefiere la quiebra a renunciar a sus dogmas (necesitamos menos gasto, menos impuestos y menos regulaciones), que lo diga a las claras, pero al menos que no insulte a quienes nos siguen prestando. ¿Se imaginan que una familia morosa vaya a incendiar la sucursal bancaria, a ver si así ve mejorada su credibilidad ante el director de la oficina y consiente en renovarle el crédito? Vaya papelón que estamos haciendo como país, por culpa de nuestros ignorantes políticos, de sus iluminados defensores y de sus apesebrados comunicadores.

 

JUAN RAMÓN RALLO, jefe de Opinión de LIBERTAD DIGITAL.

Fuente:  Libertad Digital

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Hiperglobalización socialista

Por Juan Ramón Rallo

El Debate sobre el Estado de la Nación no ha dado para mucho, en esencia porque lo único que merecería nuestra atención, el anuncio de la dimisión de Zapatero y la consecuente convocatoria de elecciones anticipadas, no se ha producido. Después de tres desastrosos años, en los que ha abocado el país a la quiebra, no iba ZP a tomar la opción de salida menos indigna.

Por desgracia, el todavía presidente del Gobierno nos ha golpeado desde el hemiciclo con esos otros mensajes tan propios de la izquierda, de la que él, no lo olvidemos, ha formado y sigue formado parte. Ha dicho Zapatero que estamos experimentado una peligrosísima “hiperglobalización” de las finanzas mundiales, lo que, en última instancia, es el meollo de la crisis actual. La falta de una gobernanza de alcance planetario –es decir, de un Hiperestado que actúe a modo de policía para imponer tributos y reglamentaciones globales–, unido a la bravuconería de los tiburones capitalistas, explicaría la génesis de los préstamos de alto riesgo y de las burbujas internacionales.

El maniqueísmo es evidente: dado que los mercados deben estar sometidos a los Estados, si los primeros adquieren una naturaleza internacional, los segundos deberán engordar en igual medida para mantenerlos bajo control. Frente a un mercado grande, necesitamos un contrapeso público igualmente poderoso. La crisis actual lo demostraría.

La treta estatista es sobradamente conocida y se resume en esos dos sustantivos que componen el título de la imprescindible obra de Robert Higgs: Crisis y Leviatán. El Leviatán está especializado en provocar crisis, y las crisis constituyen el revulsivo para que el intervencionismo, el Leviatán, se expanda. El caso que nos ocupa no es distinto.

Los fenómenos económicos que Zapatero asocia con esa hiperglobalización –el crecimiento desproporcionado de los mercados financieros, del crédito y de los instrumentos derivados– son más bien una consecuencia de la injerencia estatista en los mercados financieros para obstaculizar el desarrollo libre y sano de la globalización. Al fin y al cabo, si en las últimas décadas el crédito ha podido explotar en cantidad y en baja calidad ha sido porque los bancos centrales abandonaron la disciplina que les imponía el oro, y gracias a ello pudieron sustentar y refinanciar a unos bancos privados acostumbrados a prestar a largo plazo más dinero del que reciben a igual plazo. Asimismo, si en las últimas décadas se han multiplicado los instrumentos de cobertura contra el riesgo cambiario y de tipos de interés –los infames derivados– ha sido porque, con el abandono el patrón oro, los tipos de cambio dejaron de ser fijos y los tipos de interés pasaron a depender no de la disponibilidad real de ahorro, sino del fluctuante crédito que el sistema bancario inyectara al mercado.

¿Por qué los Estados decidieron desprenderse del oro? No precisamente para dar alas a la globalización de los capitales, sino más bien para saltarse la disciplina que éstos les imponían. Fue el nacionalismo monetario y crediticio –las ansias de los políticos por gastar más de lo que los ahorradores internos y extranjeros les querían prestar– lo que motivó el abandono del oro: el deseo socialista de disponer de una política monetaria propia para poder recurrir a la inflación de la moneda nacional con el fin de sufragar el expansionismo de un sector público insostenible. El oro era el símbolo de la globalización, la divisa que unificaba los intercambios internacionales y que permitía invertir en el extranjero a largo plazo sin miedo a devaluaciones competitivas de ningún tipo.

Pero se lo cargaron. Y se lo cargaron para inflar el crédito público y privado hasta unos límites jamás soñados, aun a costa de desestabilizar la globalización. Y ahora los hijos y nietos ideológicos de quienes destruyeron en nombre del estatismo el único sistema monetario verdaderamente global que ha conocido la humanidad salen a la palestra criticando una hiperglobalización e hiperfinanciarización que juzgan excesiva y que atribuyen no al asesinato del oro, sino al insuficiente tamaño del Estado.

Dejen de insultarnos y de tomarnos el pelo: lo que necesitamos es una auténtica globalización, basada en un sistema financiero y monetario sano, alejado del maridaje entre la banca y el Estado. Pero eso no significa más sino menos Estado, mucho menos Estado. Más que nada porque, sin la inflación nacionalista del crédito, se acabó el chollo de obtener crédito sin pedirlo prestado. Y, por tanto, se acabó el gastar más de lo que se ingresa. Hiperglobalización sí, pero de verdad. No el fraude intervencionista actual.

 Fuente:  Libertad Digital

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Una mirada al pasado para comprender el futuro

Por Domingo Soriano

Un popular dicho asegura: un economista es alguien que explica qué va a pasar en el futuro y que, cuando llega el futuro, explica por qué no ha pasado. Aunque a los profesores, los analistas y los columnistas les moleste admitirlo, lo cierto es que de la validez de este tópico pueden encontrarse demasiadas pruebas en las hemerotecas, a poco que investigue uno en ellas. Y ya no digamos en medio de una crisis como la actual.

No sólo son legión los estudiosos que nunca previeron lo que estaba a punto de pasar: también forman un nutrido ejército aquellos que ofrecen soluciones equivocadas, apuestan por escenarios futuros que nunca llegan a producirse y apenas son capaces de balbucir una explicación cuando la realidad desmiente sus preciosos modelos teóricos. De hecho, no es extraño ver a todo un Premio Nobel como Paul Krugman pidiendo en 2002 (cuando todavía no le habían concedido el galardón) que la Reserva Federal provocase una burbuja inmobiliaria que sacase a EEUU de la recesión. Y tampoco es excepcional ver al mismo personaje exigir a Barack Obama, para conjurar el colapso, que aumente (¡todavía más!) sus descomunales planes de estímulo.

Así las cosas, uno se pregunta qué necesidad tenía Juan Ramón Rallo de someterse al escrutinio público presentando en forma de libro los ensayos que publicó en el periodo 2007-2009. Como disculpa, asegura que lo hace porque esto de revisar lo escrito “siempre resulta un recomendable ejercicio intelectual”. Además, como muchos de los textos se publicaron en internet –la mayoría en Libertad Digital–, quizá pensó que no le quedaba escapatoria: cualquiera que quisiera rebatir sus argumentos sólo tendría que coger lápiz, papel y Google.

El problema es que Rallo acierta. Por eso este libro no se lee con la condescendiente nostalgia con que uno se acerca a otros recopilatorios, en los que se admiten los errores del autor por la cercanía de la actualidad. Al contrario, el lector pasa las páginas con el puntito de envidia del que también vivió aquellos acontecimientos y no supo prever lo que iba a ocurrir. Siente que es una mirada al pasado que le servirá para comprender el futuro.

El volumen no podría tener un título más adecuado. Porque es exactamente una crónica de la Gran Recesión, que cuesta creer fuera escrita antes de que ésta comenzase. De hecho, Rallo ha elegido como apertura un artículo que muy pocos podrían haber escrito: en septiembre de 2007, apenas un mes después de que comenzasen las noticias sobre las primeras inyecciones de liquidez por parte del Banco Central Europeo, y con prácticamente todos los analistas hablando del “aterrizaje suave” que le esperaba a la economía española, Libertad Digital publicaba la columna a que hago referencia, titulada “Se acabó la fiesta”. Luego llegaría la resaca.

Desde ese primer artículo, Rallo va desgranando todos los grandes temas que giran alrededor de esta Gran Recesión: la responsabilidad bancaria, el incremento de la deuda pública, el estallido de la burbuja inmobiliaria, los movimientos de los Bancos Centrales, la política económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el euro, los bonus a los directivos, las agencias de calificación… Aunque el criterio de ordenación es cronológico, la obra en ningún caso se lee como una memoria, sino como una continua lección de economía aplicada, en la que no hay campo que no se toque.

Sólo un problema acecha al lector temeroso. El último de los noventa artículos se titula “El crédito desapareció y los gobiernos ocuparon su lugar”. Fue la columna que Rallo escribió para el suplemento “Fin de Año” de 2009. En ella, nuestro autor acaba preguntándose si serán capaces los mercados (la iniciativa privada y los empresarios) de “despejar los gravísimos nubarrones que han colocado en el horizonte” los Gobiernos. Y se responde: “Mi apuesta personal es que así será en muchas partes del mundo pero no en España. Sólo los más ricos pueden permitirse el lujo de correr con los gastos de Gobiernos manirrotos”. Casi un año y medio después, este jueves 16 de junio de 2011, la prima de riesgo española ha vuelto a su nivel máximo y los comentarios sobre la posible quiebra o rescate de nuestro país se suceden en la prensa y en los mercados.

Ronald Reagan decía que un economista es alguien que ve que algo funciona en la práctica y se pregunta si funcionará en la teoría. El presidente norteamericano no lo hizo mal en el conjunto de sus ocho años, aunque dejó un legado de deuda pública que no habría gustado demasiado a Rallo. También a él le habrían venido bien las lecciones de nuestro autor. El único problema es que este doctor en Economía nació en Castellón cuatro años después de que el republicano llegara a la Casa Blanca. Estaba demasiado lejos y era demasiado joven para poder explicarle a Reagan cómo la teoría y la práctica sí pueden ir de la mano, siempre y cuando se sigan los principios correctos.

 

JUAN RAMÓN RALLO: CRÓNICAS DE LA GRAN RECESIÓN (2007-2009). Unión Editorial (Madrid), 2011, 364 páginas. Prólogo de CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN

 

Fuente:  Libertad Digital

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¡Servidumbre Real YA!

Por Juan Ramón Rallo

Carecer de propuestas no es lo mismo que tener unas que sean pésimas. A nadie se le podrá criticar por falta de ideas acerca de cómo reformar el mundo (de hecho, muy probablemente nos iría mejor a todos si tales reformistas se prodigaran menos), pero, como obvio, sí habrá que censurar a quienes transmitan ideas contraproducentes para nuestras libertades y nuestro bienestar.

Se ha extendido el mito de que la plataforma ‘Democracia Real Ya’ era un grupo heterogéneo de ciudadanos sin un perfil ideológico claro que salía a la calle a protestar sin nada específico que ofrecer. No es cierto. Basta con acudir a su página web para encontrarnos con una serie de casi 40 propuestas mucho más concretas que la mayoría de las que integran los programas electorales de nuestros partidos políticos. Entonces, ¿a qué viene el discurso de que no proponen nada? Pues, básicamente, a que son un movimiento de izquierda extrema al que hay que tratar con algodones: la izquierda más moderada pretende disculparlos tachándolos de ciudadanos bienintencionados pero ingenuos y la derecha más acomplejada prefiere descalificarlos como populacho sin nada que ofrecer en lugar de entrar en el debate de las ideas y demostrar su inanidad.

Y es que resulta curioso cómo un movimiento que clama no ser “mercancías en manos de políticos y banqueros” hace todo lo posible para convertirse en tales. Será que el lema de la plataforma, lejos de una repulsa, constituye un desiderátum; un suspiro por lo que podría ser pero no es. Al cabo, ¿qué otra conclusión cabe extraer de una masa que reclama que los políticos añadan nuevas trabas al mercado de trabajo para dificultar más la contratación; o que propugna que los gobernantes nos suban todavía más los impuestos para poder disponer discrecionalmente –léase, despilfarrar– de una porción aun mayor de nuestros recursos; o que defiende la nacionalización de la banca y que, por tanto, los agujeros que ésta genere a las órdenes de los políticos y de sus clientes sean cubiertos, siempre y sin excepción, por unos esclavizados contribuyentes? Justamente quieren convertirnos en títeres de una clase política a la que, lejos de recortarle sus poderes, se los incrementa de manera exponencial: más intervención sobre las relaciones laborales, más recaudación tributaria para gastar a placer y, por si fuera poco, control total sobre unos bancos que, como las cajas, pasarían a estar dirigidos por sus subalternos.

Es cierto que sus ideas no resisten un análisis de más de cinco segundos, pero no por ello habrá que negar su existencia: de hecho, lo mismo sucede con nuestra clase política y con la mayoría de los autodenominados intelectuales. No ocultemos sus propuestas, saquémoslas a la luz y expliquemos cuáles son sus consecuencias: más desempleo, más impuestos, más déficit y más bancos (públicos) quebrados que rescatar. Quieren regenerar la política, pero no para incrementar la exigua esfera de libertad de los individuos a costa de la reglamentación estatal, sino para terminar de convertirlos en las mulas de carga de la casta gobernante. Sorpresa: la nueva izquierda no es otra cosa que la izquierda de siempre.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y jefe de opinión de Libertad Digital. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal.

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¿Dónde se ha perdido nuestra riqueza?

Por Juan Ramón Rallo

Brad de Long.

 

 

 Brad Delong, ese economista que reconoce no entender a Hayek pero que ha dedicado varios artículos a criticarlo, mantuvo una discusión el año pasado en la revista Cato Unbound con Lawrence White, un conocido economista de la Escuela Austriaca.

Básicamente, Delong mostraba su sorpresa por que la riqueza mundial hubiese disminuido con la crisis desde 80 billones de dólares a 60, cuando la cantidad de impagos apenas representaba unos 2 billones. ¿Cómo puede ser que una pérdida de valor de dos billones de dólares en las hipotecas haya puesto en marcha un “acelerador financiero” que destruido riqueza por valor de 20 billones? Simplemente, “no lo entendemos”, reconocía Delong.

Es interesante comparar esta reflexión con otra que efectuaba Krugman hace apenas unas semanas en su bitácora. Según el Premio Nobel, la crisis económica ya ha costado a Estados Unidos ocho puntos de crecimiento del PIB; o dicho de otra manera: Estados Unidos está perdiendo alrededor de un billón de dólares al año por estar crecer por debajo de su potencial.

En definitiva, Delong se preocupa por que la economía financiera haya pinchado sin motivo aparente y Krugman, por que la economía real se ha paralizado sin razón, dejando así de crear enormes cantidades de riqueza.

Son dos reflexiones bastante intuitivas que, en general, también se plantea cualquier hombre de la calle: ¿dónde ha ido a parar el dinero que teníamos antes de que estallara la crisis? ¿Por qué si hasta mediados de 2007 crecíamos a velocidad de crucero ahora, sin que prácticamente haya cambiado nada en nuestra estructura productiva, nos estamos hundiendo en la miseria?

Como digo, se trata de preocupaciones intuitivas, pero no por ello acertadas. De hecho, parece mentira que haya que explicar estas cosas a dos profesores de universidad, uno de ellos premio Nobel. Pero, en fin, dado el punto muerto en que se halla la macroeconomía, probablemente no hubiesen llegado a profesores ni al Nobel si no padecieran semejante confusión.

Paul Krugman.Antes que nada, tengamos presente que los activos financieros no son más que títulos de propiedad negociados sobre distintas partes presentes o futuras de la economía real. Por ejemplo, una acción nos da derecho, en última instancia, a una parte de los bienes y servicios que la empresa en cuestión produzca en el futuro. Del mismo modo, un bono nos da derecho a que la empresa que los emite nos entregue una parte de sus beneficios anuales hasta que nos devuelva todo lo que le hemos prestado (más los intereses). El valor de esta riqueza depende, por consiguiente, de su capacidad para generar renta en el futuro: ¿cuánto pagaría usted hoy por una renta de dinero para mañana?

Delong explica que hay cinco causas posibles para que el valor de los activos financieros, de la riqueza global, fluctúe: a] una reducción del ahorro y la inversión (esto es, de la cantidad de riqueza que se crea cada año), b] las malas noticias sobre la capacidad que tiene la riqueza para generar beneficios, c] el número de impagos (la posibilidad de que los deudores no paguen lo que deben a los acreedores), d] la iliquidez (la posibilidad de que los beneficios nos lleguen más tarde de lo que habíamos esperado) y e] el incremento de la incertidumbre (la inseguridad de no recuperar la inversión).

Delong considera que la enorme reducción en el valor de los activos financieros no puede deberse a que la cantidad de ahorro e inversión se haya reducido, ni a que hayan aparecido malas noticias sobre la capacidad para generar beneficios de las empresas, ni a que los agentes estén en una posición de iliquidez (ya que los bancos centrales han inyectado todo el dinero necesario), ni al aumento de los impagos (ya que en aquel momento sólo se habían impagado dos billones de activos y la reducción de valor había sido de 20 billones); por ello, lanza como aventurada hipótesis que se haya debido a un aumento de la incertidumbre entre los agentes económicos.

Lo mismo parece pensar Krugman. ¿Por qué la economía real está paralizada?, se pregunta. Porque la incertidumbre se ha incrementado tanto que nadie consume ni invierte, parece responderse. Por eso el Gobierno tiene que restaurar la confianza despilfarrando enérgicamente el dinero de los contribuyentes. De hecho, el Nobel incluso saca cuenta: si por perpetuarnos en este estado de incertidumbre dejamos de crear alrededor de un billón de dólares en riqueza cada año, ¿por qué no destinar todo ese dinero –o incluso más– a estabilizar las expectativas y retornar a la senda de crecimiento?

Incluso podríamos prolongar un poco más esta película e incluir en este discurso a otros personajes, como Greenspan y sus viejas recetas contra la crisis en The Economist: si la economía real se recupera, el valor de los activos financieros por los que se preocupaba Delong volverá a subir, por lo que muchos bancos y familias saldrán de la situación de quiebra técnica en que se hallan, volviendo así a prestar y pedir prestado, como hacían en la etapa del boom.

Me temo, sin embargo, que todas estas argumentaciones de tan prestigiosos economistas no pasan de la categoría de cuentos de la lechera. Durante años, nuestras economías vivieron un falso auge crediticio promovido por los bancos centrales y el resto del sistema bancario. Y digo falso porque si bien toda inversión a largo plazo debe estar financiada con ahorro a largo, los préstamos a largo que concedían los bancos (por ejemplo, hipotecas) sólo lo estaban con deuda a muy corto plazo (depósitos a la vista).

Como resultado, en un primer momento los agentes económicos comenzaron a acometer inversiones que, aun siendo poco rentables, les permitían pagar los tipos de interés artificialmente bajos que les exigían los bancos. No es que estas inversiones fueran realmente rentables, pero lo parecían debido al crédito irrealmente barato que proporcionaban los bancos. El resultado fue una economía con mucha deuda y un aparato productivo adaptado para satisfacer las necesidades de unos agentes que deberían haber seguido teniendo acceso a grandes cantidades de crédito artificialmente barato.

Pero, obviamente, no podemos endeudarnos sin límite, así que cuando las familias, las empresas y los bancos decidieron que no seguirían incrementando su endeudamiento, por muy barato que se lo ofrecieran, el castillo de naipes se derrumbó.

En estos momentos, los agentes económicos están tratando de reducir su endeudamiento –y para ello consumen e invierten menos– y de reconvertir el aparato productivo sobre la base de un patrón menos dependiente de un crédito irrealmente barato. Dicho de otra manera: las mismas fábricas que hace tres años estaban a pleno funcionamiento hoy son incapaces de vender su mercancía a unas familias que ya no quieren (y no pueden) endeudarse más.

Esto es básicamente lo que Krugman no entiende: nuestro aparato productivo está caduco, desfasado y equivocado. No tiene sentido comparar lo ricos que seríamos hoy en caso de que en lugar de destinar cada año el 15% de la economía española a construir viviendas hubiésemos aprovechado ese capital para reducir el coste de nuestra energía, mejorar la formación de los trabajadores o aumentar los bienes de equipo en nuestras empresas. Esos recursos ya los hemos despilfarrado y no volverán; a partir de ahora hemos de volver atrás y transformar un aparato productivo adaptado a las nuevas necesidades y capacidades. No estamos dejando de crear ninguna riqueza con la crisis; en puridad, la estábamos dejando de crear durante el auge artificial, cuando despilfarrábamos nuestro dinero.

Lo mismo cabe reprocharle a Delong. Si el valor de los activos financieros depende de la renta que sean capaces de generar en el futuro, parece claro que –cuando nos damos cuenta de que nuestro aparato productivo no sirve, porque estamos demasiado endeudados– los activos financieros se tendrán que depreciar. De acuerdo con las posibilidades que plantea Delong, estaríamos en los escenarios b) y d). Sí ha habido toda una serie de malas noticias que explican una menor capacidad para generar beneficios de nuestras compañías (la recesión lo acredita), y sí tenemos un problema de liquidez (exceso de endeudamiento), que no puede corregirse, por mucho que los bancos centrales ofrezcan a los agentes económicos la posibilidad de endeudarse todavía más.

No niego que la incertidumbre haya tenido algo que ver en la debacle, pero desde luego la parte esencial se explica por las malas inversiones efectuadas durante el boom crediticio. Que Krugman y Delong no lo entiendan sólo demuestra, una vez más, que no saben qué es un ciclo económico. Probablemente porque hayan dedicado más tiempo a criticar a los teóricos de la resaca o a los liquidacionistas que a leerlos y comprenderlos.

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